53 millones para vivienda, y una casa pública a subasta: el problema no es el dinero, es el criterio

Una cifra y una subasta que no encajan

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, defendió hace pocos días la "inversión de 53 millones de euros que el Cabildo está realizando para la promoción de vivienda" en la isla. Lo dijo, con razón, presumiendo de un avance real: la colocación de la primera piedra de 47 viviendas de protección oficial en el barrio de Buenavista de Puerto del Rosario, las primeras VPO en quince años.

Y sin embargo, casi al mismo tiempo, el mismo Cabildo ha sacado a subasta pública una vivienda que ya es de todos: un inmueble de 194 metros cuadrados con garaje en la calle Beethoven de Puerto del Rosario, con un precio de salida de 211.970 euros. Es una subasta al alza: la casa será para quien más pague. El plazo para presentar ofertas termina el 15 de junio de 2026.

Dos noticias de la misma institución, en las mismas semanas. Una dice que la vivienda es la prioridad. La otra pone una vivienda pública en una puja.

Que quede claro: el Cabildo sí invierte en vivienda

Conviene decirlo con honestidad, porque es verdad y porque la crítica fácil no sirve a nadie. El Cabildo invierte en vivienda. Las 47 VPO de Buenavista son reales y se construyen por 6,8 millones de euros. Hay cerca de 300 viviendas de alquiler social en marcha. El presupuesto insular de 2026 incluye un epígrafe específico de vivienda. No estamos ante un gobierno que cruza los brazos.

Precisamente por eso el caso de la calle Beethoven cuesta tanto de explicar. No es un problema de falta de dinero ni de falta de proyectos. Es un problema de criterio: qué se hace con el patrimonio residencial que la institución ya tiene en la mano.

Patrimonial no es lo mismo que social, pero el criterio importa igual

Seamos precisos. La vivienda de Beethoven 10 no es una VPO: es un bien patrimonial del Cabildo, un tríplex de gama media-alta que figura en el inventario de bienes y que, según el propio expediente, está "en desuso" y se considera "innecesario para el ejercicio de competencias públicas".

Ordenar el patrimonio público es legítimo. Una administración puede y debe revisar qué bienes le sobran. Pero cuando el problema número uno de las familias de la isla es acceder a una vivienda, la pregunta no es si se puede vender, sino si se ha valorado antes cualquier otro uso. Una casa pública vacía no tiene por qué ser un gasto del que deshacerse en una subasta. Bien gestionada, puede ser una respuesta.

Nuestra propuesta: que el patrimonio en desuso sea parte de la solución

Desde Fuerteventura Avanza no pedimos parar la gestión del patrimonio ni renunciar a vender lo que de verdad sobre. Pedimos un cambio de orden en las prioridades:

• Un parque público de alquiler asequible. Antes de subastar, que cada vivienda pública en desuso se evalúe para incorporarse a un parque insular de alquiler a precio asequible, social o de emergencia. El patrimonio de todos, al servicio de la gente.
• Derecho de tanteo y uso social previo. Que ningún inmueble residencial público se ponga a la venta sin un informe público que descarte, motivadamente, su uso para vivienda.
• Criterio social en las desafectaciones. Que la decisión de declarar un bien "innecesario" incorpore, de forma transparente, el impacto sobre la emergencia de vivienda de la isla, y no solo el coste de mantenerlo.

Cincuenta y tres millones para vivienda son una buena noticia. Lo que pedimos es coherencia: que ese esfuerzo no conviva con carteles de "se vende" sobre casas públicas que podrían ser un hogar. En Fuerteventura hoy faltan respuestas, no pujas.

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