«Solo para islas capitalinas»: la excusa del Gobierno para dejar a Fuerteventura sin barco garantizado a la Península
Hay una frase que lo explica todo. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha confirmado, por escrito, que la parada de Fuerteventura en la línea marítima de interés público con la Península nunca fue una obligación. Fue, según sus propias palabras, "una mejora ofertada por la empresa" adjudicataria. Una mejora que la naviera ha retirado y que el Estado no piensa reponer. El motivo que da el Ministerio: la Obligación de Servicio Público "corresponde únicamente a las conexiones con las islas capitalinas" — y Fuerteventura no lo es.
Detrás de ese tecnicismo hay más de 127.000 personas que hoy no tienen garantizado un barco directo a la Península, y un dato que ya se nota en cada compra: el transporte de mercancías se ha encarecido más de un 70%.
Qué ha confirmado el Ministerio
La Obligación de Servicio Público (OSP) es el mecanismo por el que el Estado garantiza —y subvenciona si hace falta— las conexiones de transporte que se consideran esenciales, aunque no sean rentables por sí solas. Es el instrumento que en teoría existe precisamente para que la insularidad no se traduzca en aislamiento.
Pues bien: el propio Ministerio ha reconocido que la escala de Fuerteventura en la línea marítima Península-Canarias no forma parte de esa OSP, al corresponder dicha obligación, según su propia respuesta, "únicamente a las conexiones con las islas capitalinas". Lo que Fuerteventura tenía hasta ahora era, en palabras del propio Ministerio, "una mejora ofertada por la empresa" adjudicataria: un extra que la naviera decidía dar por su cuenta, sin que nadie la obligara. Esa mejora caducó el 30 de junio de 2026 y no se ha renovado.
Es decir: la conexión marítima de Fuerteventura con la Península dependía, en la práctica, de la buena voluntad de una empresa. Y cuando la empresa ha dejado de ofrecerla, el Estado se ha limitado a confirmar que no tenía ninguna obligación de sostenerla.
Lo que significa "no ser isla capitalina" para tu bolsillo
No es un debate abstracto sobre categorías administrativas. Es un problema que ya se paga en el súper, en la ferretería y en la farmacia. Con la línea directa fuera de servicio, todo el tráfico marítimo de Fuerteventura hacia la Península tiene que desviarse por escalas intermedias, y ese desvío tiene un precio: el coste del transporte de mercancías ha subido ya más de un 70%.
Ese sobrecoste no lo asume ni el Ministerio ni la naviera. Lo asume, como siempre, quien vive aquí: el comercio que repone stock, la familia que hace la compra semanal, la empresa majorera que exporta o importa. Cada punto porcentual de más en el transporte acaba, tarde o temprano, en la etiqueta del producto.
Y todo esto afecta a una isla de más de 127.000 habitantes, a los que el Ministerio les dice, en esencia, que su conexión con la Península nunca fue un derecho garantizado, sino un favor de mercado que se puede retirar sin previo aviso ni plan alternativo.
El patrón de fondo: cuando "no ser capital" se convierte en "de segunda"
Fuerteventura no pide un trato especial. Pide lo mismo que ya tienen otras islas: que la conectividad esencial con la Península esté garantizada por ley, no sujeta al criterio comercial de una naviera. Que la OSP solo alcance a las islas capitalinas no debería servir para justificar que 127.000 personas dependan de una mejora voluntaria para tener barco. Insularidad hay en toda Canarias; lo que no puede haber es una insularidad de primera y otra de segunda según el tamaño de la capital de cada isla.
Este no es un caso aislado: es el mismo patrón que venimos señalando en transporte, agua y vivienda —decisiones tomadas fuera de la isla que, cuando llegan aquí, se traducen en un coste real para quien vive y trabaja en Fuerteventura—.
Lo que pedimos desde Fuerteventura Avanza
- Que la conexión marítima directa de Fuerteventura con la Península se incluya formalmente en la Obligación de Servicio Público, con la misma garantía legal que tienen las islas capitalinas, y deje de depender de lo que decida ofrecer una naviera.
- Una explicación pública y un calendario concreto del Ministerio de Transportes sobre cómo y cuándo piensa restablecer una conexión estable, ahora que ha confirmado que la anterior nunca estuvo protegida.
- Que se revise el criterio que limita la OSP a las islas capitalinas, porque hoy sirve para dejar fuera de derechos básicos de conectividad a más de 127.000 personas por vivir en la isla que vivan.
Fuerteventura no es una isla de segunda. Y su conexión con la Península no puede depender de que a una empresa le siga interesando ofrecerla como "mejora".
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Fuerteventura Avanza — Primero las personas.